BORRERUAK BADITU MILAKA AURPEGI / KONTRAINFO ANTIFA (Euskal Herria)

Miguel Urban /Publico

Después de más de cuatro meses de tortuosas negociaciones y a punto de la repetición electoral, la popular María Guardiola era nuevamente investida como presidenta de la Junta de Extremadura. Después de que Vox rompiera los cogobiernos autonómicos con el Partido Popular en julio de 2024, tras aceptar el PP la acogida de menores migrantes procedentes de Canarias, los de Abascal vuelven al Gobierno de Extremadura más reforzados, no solo por sus números en el Parlamento —han duplicado sus representantes—, sino también por las cesiones que han conseguido arrancar a Guardiola en la negociación. Un acuerdo que abre el camino a los cogobiernos en Aragón y Castilla y León, y quién sabe si será el preludio de un acuerdo estatal.

Las derechas han pactado setenta y cuatro medidas, con especial foco en la migración, terreno en el que los populares han comprado buena parte de las demandas y del argumentario de la extrema derecha. Además, los de Abascal entrarán en el Gobierno con una consejería con rango de vicepresidencia para Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y otra de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, además de un senador de designación autonómica. A cambio, Vox se compromete a aprobar los presupuestos anuales a lo largo de la legislatura.

A pesar de que Extremadura es la comunidad autónoma que menos población extranjera recibe, con un 4,62 %, muy lejos del 16,37 % de la media española, en el programa electoral de Vox para las últimas elecciones extremeñas la palabra inmigración —o inmigrante— aparecía mencionada 32 veces, más del doble que la palabra vivienda. En una de sus propuestas electorales, se comprometían a combatir desde la Junta de Extremadura «todos los consensos del bipartidismo, en especial, todas las políticas relacionadas con la inmigración masiva que amenazan nuestra seguridad, identidad, libertad y prosperidad».

El acuerdo de gobierno de Extremadura asume el programa migratorio de los de Abascal, a pesar de que no tenga competencias para cumplirlo o incluso de que contenga medidas que chocan directamente con las leyes vigentes o con la Constitución. Así, el nuevo Gobierno extremeño se compromete a no acoger «más» menores no acompañados de otros países, a suprimir las subvenciones a ONG que «favorezcan la inmigración ilegal» e incorpora el concepto de «prioridad nacional» para recibir ayudas.

Quizás la asunción por parte del PP del concepto de «prioridad nacional» sea uno de los puntos más polémicos y novedosos del acuerdo de gobierno con Vox. Un concepto que no es una invención de los de Abascal, sino una auténtica seña de identidad de la extrema derecha europea, desde que hace ya casi medio siglo lo popularizara el Frente Nacional francés de Jean-Marie Le Pen. Una muestra más de la estrategia de reorientación política que Vox lleva practicando desde hace unos cuantos años, y cuya escenificación más contundente fue la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición con el Partido Popular. Un cambio estratégico de la formación ultraderechista que daba por agotada su experiencia anterior —ser una escisión neoconservadora del PP— y pretendía transitar un nuevo camino: una acelerada lepenización, en la que la antimigración aparece como clave de bóveda xenófoba de su neurosis identitaria.

El principio de prioridad nacional, con el consiguiente rechazo a los inmigrantes, ha sido asumido como propio por el conjunto de la extrema derecha europea. «Primero los neerlandeses», «primero los alemanes» o «primero los austriacos» han sido eslóganes utilizados por el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, Alternativa para Alemania (AfD) de Alice Weidel o el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) de Herbert Kickl. En España, «los españoles primero» ha sido una de las proclamas fundacionales de grupúsculos neonazis como España 2000 u Hogar Social Madrid. Aunque quien explotó la consigna de la preferencia nacional con más éxito, antes de Vox, fue Josep Anglada, con su «Primer, els de casa» de Plataforma per Catalunya (PxC). De hecho, Juan Garriga, primo del secretario general de Vox, fue dirigente del partido de Anglada.

Una preferencia nacional según la cual los españoles deben tener siempre prioridad en todos los ámbitos frente a los inmigrantes, lo que Jürgen Habermas definió como «chauvinismo del bienestar»: ante la escasez de recursos públicos, la extrema derecha defiende la preferencia nacional a la hora de acceder a las ayudas de un Estado del bienestar menguante. El portavoz de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, lo resumía así en el debate de investidura: «Lo decimos claro, lo subrayamos, prioridad nacional, llamamos las cosas por su nombre, por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros, los primeros, garantizar que quien forma parte de esta tierra tenga prioridad en el acceso a las oportunidades que no dan para todos» (…) «ni es racismo ni es egoísmo, simplemente es sentido común».

Así, ante la escasez de recursos públicos, vivienda social, sanidad, empleo, becas comedor…, la extrema derecha plantea un «no hay suficiente para todos» generalizado que fomenta, como respuesta, mecanismos de exclusión, porque, si «no hay para todos», entonces sobra gente: «No cabemos todos». De esta forma, la «preferencia nacional» concentra la tensión latente entre el estatuto de ciudadanía y la identidad nacional. Una identidad nacional que no solo se constituye como condición inherente al nacimiento de los individuos, sino también como adscripción cultural al concepto de nación que defiende la extrema derecha. No es español quien nace en España, sino quien, además, se identifica con una supuesta identidad española previamente definida. Y quienes rechazan los valores españoles, simplemente dejan de ser españoles. Así, la pertenencia a la comunidad nacional está ligada a una supuesta «identidad», pensada en términos cada vez más etnoculturales.

La extrema derecha construye un escenario de peligro potencial para la integridad de la comunidad nacional —reemplazo migratorio— que hay que proteger con las políticas de «preferencia nacional». Una estrategia que aporta no solo un enemigo sobre el que dirigir el malestar —el migrante—, sino también una propuesta en positivo: reconquistar la identidad como comunidad, salvaguardar el concepto agregativo de «nosotros». Se conforma así una propuesta política autoritaria, de exclusión y carácter diferencialista, que apela explícitamente a la discriminación de sectores sociales según su origen o pertenencia cultural, y que va penetrando de tal forma en el tuétano de la sociedad que contribuye a justificar la expulsión, de manera más o menos explícita, de los sectores que consideran ajenos a su idea de comunidad.

En este sentido, el énfasis movilizador de la derecha radical ya no solo pivota sobre cómo evitar que nuevos migrantes puedan superar sus fronteras, sino que también aborda la problemática de la población migrante ya residente, pero «no integrada», entre la que pueden llegar a incluir a personas con nacionalidad del país de acogida y hasta a descendientes de segundas o terceras generaciones. A eso hacía referencia el filósofo francés Daniel Bensaïd cuando señalaba que «incluso habiendo nacido en Francia y siendo ciudadanos franceses, los «segunda o tercera generación» siguen marcados a fuego por su origen […] Ciudadanos en virtud del derecho de suelo, la sociedad no les reconoce sin embargo «de pleno derecho». Aquí es donde entraría en juego la propuesta de la «remigración» como una forma de recuperar la identidad etnocultural de la nación mediante la expulsión de los cuerpos que se consideran ajenos.

De esta forma, se aporta no solo un enemigo contra el que dirigir el malestar —el migrante—, sino también una propuesta afirmativa: reconquistar la identidad nacional. Una movilización que trasvasa la inmediatez de la protesta por un proyecto de largo aliento —porque, ¿cuándo acaban los peligros?—, convirtiéndose así en identidades predatorias «cuya construcción social y movilización requieren de la extinción de otras categorías sociales próximas, definidas como una amenaza para la existencia misma de determinado grupo definido como «nosotros»».

Evidentemente, ni Guardiola ni Feijóo han asumido la agenda de la ultraderecha por convicción, sino por supervivencia política. De hecho, ya hemos visto cómo la propia Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno han salido criticando elementos fundamentales del acuerdo, como la «preferencia nacional». Pero, lo que ha sucedido en Extremadura no es un episodio aislado ni una simple cesión táctica para garantizar la gobernabilidad: es la prueba de que el Partido Popular está dispuesto a asumir cada vez más elementos del marco ideológico de Vox con tal de conservar poder institucional. Y ahí reside el verdadero peligro. Porque la extrema derecha no solo avanza cuando entra en los gobiernos, sino también cuando logra que sus ideas, su lenguaje y su agenda se conviertan en sentido común de las derechas.

En este sentido, podemos hablar de una cierta berlusconización del PP. No podemos olvidar que Silvio Berlusconi fue el precursor europeo en la integración de la ultraderecha en los gobiernos, utilizándola como muleta para su supervivencia y la de sus negocios, rompiendo el tabú antifascista italiano y favoreciendo su normalización. En estos momentos, conviene recordar que el Caimán —como lo conocían sus detractores— fue devorado por su propio legado, siendo superado electoralmente por la extrema derecha: primero por Salvini, luego por Meloni. Puede que el supuesto instinto de supervivencia de Feijóo —sabe que sin Vox no puede gobernar—, como ya pasó en Italia, se lleve por delante al PP… y quién sabe si al propio Feijóo.