BORRERUAK BADITU MILAKA AURPEGI / KONTRAINFO ANTIFA (Euskal Herria)

Enrique Javier Diez Gutierrez / mientrastanto.org

Hace unas semanas, El País publicó dos extensos reportajes dedicados a la figura de Elon Musk. En ambos textos se describía con detalle su trayectoria empresarial. Se analizaba su influencia sobre la industria tecnológica global y se destacaba su capacidad para alterar mercados, gobiernos y formas de comunicación. Sin embargo, resultaba llamativo que apenas se mencionara o quedaran directamente invisibilizadas su ideología de extrema derecha, su apoyo a fuerzas neofascistas en distintos países, su utilización de las redes sociales para amplificar discursos de odio y la difusión de sus narrativas xenófobas que alentaron los pogromos racistas de Belfast.

La misma sensación de normalización de la industria de la guerra apareció en una portada reciente de El País Semanal que defendía la recuperación de la mili para la juventud española en un contexto de creciente militarización europea. La presentación de la industria de la guerra como un sector económico innovador y necesario parece encajar con una tendencia cada vez más evidente: la legitimación cultural de la economía de guerra. Lo cual no puede separarse de las conexiones existentes entre grandes grupos mediáticos, fondos de inversión y empresas vinculadas al complejo militar-industrial.

Más allá de la discusión concreta sobre cada caso, ambos ejemplos ilustran un fenómeno más amplio: la creciente convergencia entre poder económico, poder militar, poder tecnológico, poder mediático y poder político. Ese fenómeno puede describirse mediante un concepto cada vez más utilizado en la investigación y los movimientos sociales: el tecnofascismo.

El tecnofascismo no constituye simplemente una actualización digital de los fascismos clásicos del siglo XX. Se trata de una nueva forma de dominación adaptada a las sociedades hiperconectadas del siglo XXI. Si el fascismo histórico necesitaba controlar periódicos, radios y organizaciones de masas para imponer una visión autoritaria de la realidad, el tecnofascismo dispone de herramientas mucho más sofisticadas: algoritmos, inteligencia artificial, vigilancia masiva, plataformas digitales globales y sistemas de extracción permanente de datos (Díez-Gutiérrez & Jarquín-Ramírez, 2026).

Rasgos del tecnofascismo

Su rasgo fundamental es la alianza entre grandes corporaciones tecnológicas y formas crecientemente autoritarias de ejercicio del poder. La acumulación sin precedentes de información sobre miles de millones de personas permite conocer comportamientos, preferencias, emociones y hábitos de consumo con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. Esa información no solo sirve para vender productos. También permite influir sobre opiniones políticas, modelar percepciones sociales y orientar conductas colectivas.

La vigilancia masiva constituye una de sus características centrales. Cada búsqueda en internet, cada desplazamiento registrado por un teléfono móvil, cada interacción en una red social genera información susceptible de ser almacenada y analizada. La promesa de comodidad tecnológica se transforma así en una infraestructura permanente de monitorización social. Lo que anteriormente requería policías, informadores o sistemas burocráticos complejos puede realizarse ahora mediante algoritmos capaces de procesar millones de datos en tiempo real.

La segunda característica es la manipulación de la información. Las plataformas digitales ya no son simples espacios de comunicación. Los algoritmos diseñados por la oligarquía tecnofeudal, de autoproclamada ideología y orientación política neofascista, determinan qué contenidos se muestran, cuáles permanecen ocultos y qué narrativas alcanzan mayor visibilidad. La lógica dominante no es la búsqueda del entendimiento, ni de la verdad, ni la deliberación democrática, sino la maximización de la atención, la influencia política y el beneficio económico. Como consecuencia, los discursos polarizadores, emocionales y simplificadores tienden a recibir una difusión privilegiada.

La tercera dimensión es la censura indirecta. A diferencia de los regímenes clásicos, que prohibían explícitamente determinadas ideas, las plataformas actuales pueden invisibilizar contenidos mediante mecanismos mucho más sutiles. No siempre es necesario prohibir una opinión; basta con reducir su alcance, dificultar su circulación o inundar el espacio público con mensajes alternativos. La sobreabundancia informativa se convierte así en una nueva forma de silenciamiento.

Otro elemento central es la concentración extrema del poder. Un reducido grupo de oligarcas multimillonarios controla infraestructuras digitales utilizadas por miles de millones de personas. Nunca antes en la historia tan pocos individuos habían tenido una capacidad tan grande para influir simultáneamente en la economía, la política, la cultura y la comunicación global. Esta concentración no solo genera desigualdad económica; también erosiona los fundamentos democráticos al desplazar decisiones fundamentales desde instituciones públicas hacia centros privados de poder.

El tecnofascismo también implica una profunda deshumanización. Los individuos dejan de ser considerados ciudadanos con derechos para convertirse en perfiles de datos, consumidores segmentados o recursos gestionables mediante sistemas automatizados. Las decisiones tomadas por algoritmos afectan cada vez más a la educación, el empleo, el acceso al crédito, la seguridad o la salud. La lógica tecnológica sustituye progresivamente a la deliberación política democrática.

La dictadura tecnofascista

Todo ello ocurre en un contexto de crisis múltiples provocadas por el capitalismo. La emergencia climática, las desigualdades crecientes, las migraciones forzadas y las tensiones geopolíticas generan incertidumbre social. Frente a estos desafíos, las élites económicas y sus tecno-oligarcas encuentran en las tecnologías digitales herramientas eficaces para reforzar mecanismos de control y estabilidad. La promesa de seguridad se convierte entonces en justificación para ampliar sistemas de vigilancia, restringir libertades y fortalecer estructuras jerárquicas de poder.

El riesgo no reside únicamente en la aparición de dictaduras explícitas. El tecnofascismo puede desarrollarse dentro de sistemas formalmente democráticos. Puede coexistir con elecciones, parlamentos y constituciones mientras vacía progresivamente de contenido la participación ciudadana. La dominación ya no necesita imponerse exclusivamente mediante la fuerza; puede construirse mediante la gestión algorítmica de la atención, la opinión pública y los comportamientos cotidianos.

La cuestión decisiva del siglo XXI no será únicamente quién gobierna los Estados, sino quién controla los sistemas tecnológicos que organizan la vida social. Porque cuando la tecnología se diseña desde los intereses económicos y la cuenta de beneficios de los accionistas, cuando se desarrolla bajo una ideología neofascista y se convierte en instrumento de vigilancia, manipulación y concentración del poder, deja de ser una herramienta de emancipación para transformarse en el soporte de nuevas formas de autoritarismo. Y es precisamente ahí donde estamos asistiendo al nacimiento del tecnofascismo.

Soberanía digital democrática

Frente a esta deriva, la defensa de la democracia y los derechos humanos exige algo más que regulaciones técnicas. Requiere recuperar el control público sobre las infraestructuras digitales (tomar los medios de producción digital), garantizar la transparencia algorítmica (es un bien común que debe estar bajo control democrático), impedir los monopolios tecnológicos (expropiar a los oligarcas tecnofeudales) y proteger los derechos fundamentales también en el entorno digital. Lo cual implica simultáneamente fortalecer una ciudadanía crítica capaz de comprender cómo operan los mecanismos contemporáneos de poder y reconocer que la lucha de clases también se está disputando en el terreno digital.

Para ello necesitamos valentía política para cuestionar la propiedad de las infraestructuras digitales que organizan nuestra vida cotidiana y expropiar a los oligarcas tecnofeudales, tomando los medios de producción digital, pues son un «bien común» que debe estar bajo control democrático. Las grandes plataformas, las redes de comunicación, los sistemas de inteligencia artificial, los centros de datos y los flujos masivos de información se han convertido en bienes comunes estratégicos tan esenciales como la energía, el agua o el transporte.

Resulta difícil sostener una democracia real cuando los principales medios de producción digital permanecen concentrados en manos de una reducida élite empresarial con capacidad para condicionar la economía, la cultura, la información y la política.

Por ello, la democratización de la esfera digital exige avanzar hacia formas de propiedad pública, social y cooperativa de estas infraestructuras, sometidas al control ciudadano y orientadas al interés común. Se trata de construir mecanismos democráticos que permitan que los recursos tecnológicos producidos colectivamente sean gobernados colectivamente.

Si los datos son generados por la sociedad y las redes digitales circulan sobre el espacio público y constituyen hoy la base de la vida económica y social, resulta legítimo plantear que estos bienes comunes digitales dejen de servir a la acumulación privada de una minoría y pasen a estar al servicio de las necesidades, derechos y aspiraciones de la mayoría.

[Enrique-Javier Díez-Gutiérrez es catedrático de la Universidad de León y autor de Soberanía digital educativa (2026), Pedagogía antifascista (2025) y Pedagogía del decrecimiento (2024)]