BORRERUAK BADITU MILAKA AURPEGI / KONTRAINFO ANTIFA (Euskal Herria)

Iñaki Egaña / NAIZ

Las instituciones también construyen relatos. Los organismos policiales y de seguridad elaboran los suyos, con categorías que influyen en la percepción social de un problema. Cabe preguntarse hasta qué punto una estructura dedicada a detectar amenazas está condicionada por su propia lógica institucional. Resulta más sencillo reformular un escenario de riesgo que certificar su desaparición. La reciente edición del informe TE-SAT de Europol ofrece un buen ejemplo.

En octubre de 2011 ETA anunció el final definitivo de su actividad armada. Después llegaron el sellado de arsenales, el desarme de 2017 y la desaparición de la organización en 2018. La secuencia es conocida. Sin embargo, si se repasan los informes anuales de Europol desde entonces, se observa otra paralela, la amenaza vasca nunca termina de desaparecer. Cambia de nombre. En 2012, meses después del anuncio de ETA, Europol admitía el cese, pero advertía de que la organización seguía reclutando miembros y recopilando información sobre posibles objetivos. Como no había entregado las armas ni se había disuelto, podía reanudar su actividad “en cualquier momento” si no alcanzaba sus objetivos políticos. En 2013 el argumento pasó a ser la clandestinidad y la logística; en 2014, los arsenales para una “potencial reanudación”, y en 2015 todavía se afirmaba que el aparato logístico seguía operativo.

Aquellas dudas no eran exclusivas de Europol. En “El desarme. La vía vasca” recogí cómo responsables españoles y franceses continuaban cuestionando la irreversibilidad de la decisión. ETA llegó a quejarse en una carta a François Hollande de los inexistentes “planes de atentados” anunciados desde Madrid y de las tesis sostenidas ante tribunales franceses. En 2015, servicios franceses manejaban incluso la hipótesis de una escisión y hablaban de militantes o colaboradores “durmientes”.

Pero el tiempo desmontó una hipótesis tras otra. No hubo regreso a las armas. En 2016 Europol terminó reconociendo que la amenaza de ETA era “baja”. Entonces comenzó un desplazamiento significativo. El foco se amplió hacia la izquierda abertzale, Ernai, o la violencia callejera. En 2017, cinco sabotajes comunicados por Madrid fueron incorporados a la categoría de “terrorismo separatista”. Después del desarme, Europol llegó a describirlo todavía como “parcial”. Y, una vez disuelta ETA, apareció otra idea, la de que algunos grupos radicales podrían “llenar el vacío”.

La expresión es reveladora. Cuando desaparece el sujeto que justificaba la vigilancia, el objeto de atención no desaparece sino que se desplaza hacia su entorno político, generacional o ideológico. Así llegamos a 2023, cuando Europol señaló a los movimientos independentistas vasco y catalán como los más “activos y violentos del panorama separatista español”. En esa misma edición contabilizaba, sin embargo, cero atentados terroristas separatistas en toda la UE. Interior pidió aclarar o modificar aquellas referencias y Europol actualizó el documento, situándolas en el terreno del “extremismo”. El problema cambiaba de cajón.

En las dos ediciones siguientes el ámbito vasco contemporáneo prácticamente se desvaneció. ETA quedó reducida a causas del pasado. Hasta que el TE-SAT 2026 recuperó una fórmula sorprendentemente dura: en 2025 hubo “un aumento de la violencia en el entorno separatista extremista vasco”, protagonizado principalmente por jóvenes de “ambientes independentistas próximos a la ultraizquierda”. La frase impresiona. Los datos, bastante menos. El informe afirma que en 2025 no hubo un solo atentado terrorista “etnonacionalista” o “separatista” verificado en la UE. Ni uno. Tampoco aporta un caso vasco que ejemplifique el supuesto incremento, ni identifica una organización, estructura clandestina o estrategia coordinada. El sujeto ya no es ETA, ni siquiera Ernai. Es un milieu, un entorno.

La propia etiqueta merece atención. Europol habla de terrorismo y extremismo “etnonacionalista y separatista”, categoría aplicada a nacionalismos que cuestionan fronteras estatales. Pero un nacionalismo de Estado excluyente también puede ser etnonacionalista y ha generado intimidaciones, sabotajes y violencia política. Esos fenómenos suelen clasificarse como extrema derecha. Se produce así una asimetría significativa. El nacionalismo de quien cuestiona el Estado aparece explícitamente nombrado pero el de quien defiende su integridad, en cambio, desaparece como categoría política.

Ahí está el quid. Europol distingue entre terrorismo y extremismo violento, pero el efecto político y mediático de sus categorías no es neutro. Cuando una agencia europea coloca en un mismo marco terrorismo, separatismo, violencia y extremismo, crea un campo interpretativo que llega a gobiernos, policías, titulares y opinión pública. No hace falta afirmar que existe una organización terrorista, basta con mantener abierto el campo semántico de la sospecha.

Las instituciones de seguridad tienen una lógica preventiva comprensible, la de detectar amenazas. Pero puede volverse autorreferencial, caso de Europol. Si la amenaza existe, hay que vigilarla. Si desaparece, vigilar su posible regreso. Si la organización se disuelve, vigilar a quienes puedan ocupar su vacío y si tampoco aparecen, ampliar el foco hacia el entorno ideológico del que hipotéticamente podrían surgir. El resultado es una amenaza que nunca termina de desaparecer.

No se trata de negar episodios de sabotajes en Euskal Herria, sino de exigir precisión. La quema de un contenedor, una protesta antifascista o una movilización independentista no forman automáticamente parte de una misma estrategia. Mezclarlas bajo una categoría común puede ser más útil para quien clasifica que para quien intenta comprender. No sabemos qué interés concreto explica esta persistencia. Pero después de quince años de predicciones, desplazamientos terminológicos y ampliaciones del perímetro de sospecha, cabe preguntarse si Europol describe únicamente una amenaza o contribuye también a conservarla como categoría política.