Jorge Freytter-Florián, investigador en temas de paramilitarismo y contrainsurgencia / NAIZ

Esta semana, antes de realizarse el cambio presidencial en Colombia y de que Abelardo de la Espriella reemplace a Gustavo Petro, han aparecido innumerables artículos de opinión y columnas a favor o en contra del agua pasada de los últimos 4 años del gobierno progresista, según la eterna simpleza analítica, casi religiosa, hegemónica en el pensamiento colombiano, que reduce todo al bien o al mal y pretende «asperjar» o arrojar agua bendita sobre el pensamiento dialéctico, materialista o marxista, condenado a muerte incluso antes de haber sido publicado hace 200 años. 

¿Fue bueno o malo, un éxito o un fracaso, el primer gobierno de izquierda en Colombia (2022-2026), llamado a sí mismo progresista? 

Entonces aparece la ayuda que siempre ofrece la prosa garciamarquiana a aquellos interesados columnistas del régimen que saben combinar la emoción interna del escritor con una buena descripción del clima externo de aquel 7 de agosto de 2022: el sol, el mechón de pelo sobre la frente agitado por el persistente viento amazónico que recorre la sabana, los aplausos embriagadores, la demora causada por el espectáculo acartonado, pero cargado de significante vacío, del traslado de la espada robada del Libertador, y la alegría esperanzadora reflejada en el rostro sudoroso, aunque feliz, del mandatario por convertirse en el primero en llevar a la izquierda al triunfo en esta patria de las mariposas amarillas, condenada por los dioses de la tenaz Suramérica a cien años de soledad. 

Así, el lector, llevado de la mano por emociones inducidas, termina perdonando los yerros o pecados mortales de quien asume la presidencia, analizados cuatro años después bajo la conmovedora justificación de que «todos somos pecadores y, por lo tanto, merecemos el perdón de Dios». Entonces puede decirse, con cierto desprecio: «¡Chao, Petro!». 

Es claro que todos somos pecadores y que, a lo largo de nuestra contradictoria trayectoria vital, merecemos ese perdón. Sin embargo, para sosiego de todos, no todos sometemos nuestras vidas a una votación colectiva para asumir la tarea carismática y la responsabilidad legal de dirigir una sociedad y un Estado, especialmente uno como el colombiano. Los yerros privados pertenecen al sacerdote o al psiquiatra cuando son culpas emocionales; pero, cuando constituyen delitos o responsabilidades públicas, corresponden al juicio de la sociedad que se juró representar, aun cuando la justicia oficial permanezca atrapada en la impunidad de los viejos fueros feudales. 

Con esto podemos decir que, al analizar la gestión de estos 4 años del llamado gobierno Petro, no nos interesan las múltiples caras que su trastornada personalidad mostró públicamente durante este período: la narcisista, expresada en el implante del mechón de pelo y las cirugías embellecedoras; la bipolar, entre la manía y la euforia alternadas con la depresión y la melancolía; la histriónica de los discursos veintejulieros, la saliva convertida en espuma en los labios y los innumerables sombreros o cachuchas acompañados de su correspondiente colección de gafas; la satiríca del sátiro que, según afirmó su antiguo amigo Iván Gallo, lo llevaba a pasear nínfulas púberes por las calles de cualquier ciudad durante visitas oficiales y a compartir la intimidad con muchachas que bien podrían haber sido sus nietas; la personalidad antisocial, desafiante, que le ganó enemigos poderosos y vengativos; la mitómana de la demagogia compulsiva de decir una cosa y hacer otra; la personalidad adictiva; la personalidad transaccional, es decir, la «transaca» del nepotismo y la corrupción, tan explotada por los monopolios mediáticos nacionales y extranjeros; y, finalmente, la personalidad evitativa, nacida del viejo complejo de inferioridad transformado en resentimiento social. 

No nos interesan esas múltiples caras para este análisis político, aunque resulte inevitable mencionarlas. 

Nos interesa afirmar que, en medio de todas esas singularidades, Petro tuvo el gran mérito de haber logrado, incluso antes de su elección presidencial, la unificación de la izquierda electoral o desarmada, históricamente dividida durante décadas por sectarismos difíciles de explicar y por un canibalismo proverbial que le había impedido llegar al gobierno. Aunque ese fuera su único logro, seguiría siendo un logro histórico. 

Petro abandona el gobierno con un caudal electoral nada despreciable de trece millones de votos y con la intención de ejercer la oposición al nuevo presidente en su pretensión de convertir a Colombia en una patria milagrosa. Lo que realmente nos interesa es la disputa por el poder.

La disputa se desarrolla en un escenario complejo y pleno de contradicciones, como traté de explicar en mi artículo «Las tres crisis de la Colombia actual», donde sostengo que se han superpuesto tres crisis profundas, cada día más mezcladas e indistinguibles, caóticas y complejas, dentro del conflicto interno colombiano. Sobre ellas cabalgó demagógicamente el gobierno de Petro durante 4 años, sin que ninguna hubiera sido resuelta; por el contrario, todas continúan en expansión. 

En ese contexto, la consigna demagógica y burocrática de la oratoria liberal reformista sobre «la búsqueda de la paz» del régimen colombiano actual −del cual el gobierno de Petro forma parte inseparable, con la continuidad del progresismo contrainsurgente representado por Otty Patiño y Armando Novoa, antiguos integrantes armados del hoy desmovilizado y cooptado M-19− se expresó en el relato de la llamada «Paz Total», una paz fragmentada. 

Ese clamor por la «Paz Total» ha dejado de ser convocante para convertirse en una abstracción vacía, sin contenido real. La paz que vivimos cotidianamente ha terminado incluyendo, ya no solo la solución política al histórico conflicto interno colombiano −que se ha vuelto anacrónica−, sino también tres nuevas dimensiones del problema armado: 

La realidad económica, que continúa sosteniendo el conflicto mediante poderosas economías ya globalizadas, como el narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas criminales. 

La realidad comunitaria, es decir, las comunidades agrarias y las poblaciones que constituyen la masa social en disputa. 

La realidad territorial, en la que se ha fragmentado el antiguo conflicto armado centralizado alrededor de las FARC-EP. 

Esta realidad ya había sido advertida por el filósofo Sergio de Zubiría, director de la Fundación Walter Benjamin, en su análisis del 13 de julio de 2026, titulado «Notas para un balance del gobierno progresista: la contradicción fundamental», donde concluye: 

«La contradicción central del progresismo colombiano se constata en el cierre del gobierno, el balance del período y sus prácticas discursivas. Los balances al cierre del período del presidente y del comisionado de paz son piezas narrativas de gran relevancia hermenéutica. En un contexto de pérdida plena de capacidad autocrítica, porque los ‘grandes errores’ son de otros agentes y son principalmente asuntos fiscales y presupuestales, se despliega de forma patente esta contradicción: ¿es posible construir una Colombia como «potencia mundial de la vida» negando la existencia del conflicto armado interno y justificando cualquier medio para acabar las «violencias», entre ellos los bombardeos, la militarización, los planes Perseo y la fumigación con glifosato? Definitivamente, la «vida plena» no puede consolidarse en un país con tierra arrasada y bombardeos de niños y niñas». 

Queda al descubierto, una vez más, la gran discusión planteada hace casi un siglo por Antonio Gramsci sobre la contradicción entre la guerra de movimientos −la insurrección o el ataque frontal−, que muchos invocan hoy, asustados ante el anunciado tecnofascismo trumpista y la doctrina Monroe del «escudo de las Américas», que el nuevo presidente −o gobernador puertorriqueño para Colombia− Abelardo de la Espriella aspira a imponer, y la guerra de posiciones, entendida como la lucha por la hegemonía dentro de las instituciones de la sociedad civil −trincheras, casamatas, aparatos ideológicos, etc. − en una confrontación larga, dolorosa y prolongada por conquistar una hegemonía que aspira a convertirse en Estado. 

O, simplemente, como elementos materiales de una contradicción en movimiento que, en su superación dialéctica, como lo ha demostrado la historia colombiana, pueden transformarse el uno en el otro, abriendo la posibilidad de recurrir a diversas y múltiples formas de lucha de masas. Una vez más, ello demuestra la vigencia de la concepción gramsciana de la lucha antifascista para la Colombia actual, que aún no me atrevo a extender −todavía− al conjunto del bloque fascista andino y regional integrado por Nayib Bukele, Javier Milei, Katz, Santiago Peña, Keiko Fujimori, Abelardo de la Espriella y el secuestro político de Nicolás Maduro.

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