BORRERUAK BADITU MILAKA AURPEGI / KONTRAINFO ANTIFA (Euskal Herria)

Juan Manuel Olarieta / PRES.O.S (https://www.presos.org.es/)

Recientemente Meta/Facebook ha cambiado sigilosamente sus reglas para agregar a la censura la expulsión de usuarios y la prohibición de comentarios antifascistas junto con señales de amenaza en los contenidos.

Un documento interno de la empresa, llamada “normas comunitarias”, detalla lo que miles de millones de usuarios pueden y no pueden decir en línea. Los últimos ajustes se pueden encontrar en un capítulo sobre “violencia e instigación”, donde aparece una subsección titulada “otra violencia“ que detalla, entre otras reglas, las prohibiciones. En esta subsección Meta publicó el mes pasado una revisión para incluir nuevas limitaciones para los usuarios que mencionan el antifascismo.

Las nuevas normas muestran que la empresa ahora trata cualquier contenido “que incluya la palabra ‘antifa’ como una posible violación de las reglas si esa palabra aparece junto con lo que Meta considera una señal de amenaza en el contenido”.

Si, por ejemplo, un usuario menciona que acude con un arma a una manifestación, la empresa lo señala como una amenaza. Pero en otros casos, el proceso de Meta para identificar amenazas es más vago. Según las nuevas reglas, Meta podría activar una señal de amenaza cuando un usuario publica una representación visual “de un arma, una referencia al incendio provocado, robo o vandalismo o lenguaje militar, si va asociado a la palabra ‘antifa’”.

La categoría es tan extensa que incluye “guerras históricas” y “batallas” y la publicación también será censurada. La empresa podría, por ejemplo, restringir publicaciones que comparen la naturaleza antifascista de la Segunda Guerra Mundial con el movimiento antifa contemporáneo.

Las sanciones por violar las normas comunitarias van desde la prohibición total de cuentas hasta la ocultación o supresión de los comentarios. En ocasiones el usuario cree que sus contenidos son visibles a sus lectores, cuando en realidad, la red social no los muestra.

El cambio de política se produce tras años de contubernio político de Meta y su cabecilla, Mark Zuckerberg, con Trump. Tras la segunda victoria electoral de Trump, Meta cambió inmediatamente sus normas de censura para permitir los ataques de los fascistas contra los inmigrantes.

En 2020 Meta ya asoció a los “antifas” con la violencia. Ahora las nuevas normas refuerzan los intentos de la Casa Blanca para prohibir el movimiento con el pretexto de la seguridad nacional. Es una reedición de la caza de brujas del maccartismo y la persecución de los comunistas, a los que quedaban equiparados quienes luchaban contra las bombas atómicas y por la paz mundial.

En septiembre Trump firmó un decreto que designa todo un movimiento como “organización terrorista nacional”. Un memorando ejecutivo posterior, NSPM-7, destacó que el movimiento “antifa” es la causa del “terrorismo interno” y la violencia política organizada.

Por decreto, Trump ha reconvertido a un movimiento desorganizado en una organización que no existe en realidad.

*Una privatización de la censura por partida doble

En Europa los Estados delegan la censura en los monopolios digitales, bajo la amenaza de sanciones y multas. A su vez los monopolios subcontratan la tarea inquisitorial con terceros, como Maldita en España. Es una privatización por partida doble. Parece que el Estado ya no reprime abiertamente la libertad de expresión, sino que delega esa tarea en empresas y organismos privados, sin supervisión judicial, ni defensa, ni juicio.

Las empresas tecnológicas operan bajo el chantaje de las multas de los organismos públicos. No quieren pagar y a la mínima eliminan los contenidos, no porque sean ilegales, sino con carácter preventivo, por una mera gestión de riesgos. La censura no es una relación del ciudadano con el Estado sino del Estado con la empresa.

En torno a la censura se está creando -sobre todo en Europa- un entramado de tinglados, financiados con dinero público, para censurar contenidos en las redes sociales. Maldita preside la Red Europea de Estándares de Verificación de Datos, que es uno de los pretextos para imponer la censura, junto con los “discursos de odio”.

El entramado se dedica a revisar los contenidos de las redes sociales para controlar el flujo de información, es decir, para acallar ciertas informaciones y ciertos medios independientes. Los Estados europeos quedan en un segundo plano. No necesitan denunciar los contenidos de las redes sociales y delegan el papel de soplones a los confidentes del entramado de “verificadores”.

*Los ‘agentes autorizados del Estado’

Desde 2017 Alemania ha desarrollado, además, una estrategia peculiar: la creación de “agentes autorizados del Estado”, como “Hesse gegen Hetze” o “HateAid” que recopilan, informan, documentan y evalúan las declaraciones de los usuarios en las redes sociales.

El Estado externaliza una función constitucional. Crea entramados artificiosos que, aparentemente, pertenecen a la sociedad civil, pero que dependen en realidad de subvenciones públicas y trabajan en programas aprobados por organismos del Estado. No operan de forma aislada, sino dentro de un marco definido políticamente.