Benjamin Gutierrez / Diario Red

El barrio de La Florida, en Oviedo, está viviendo desde hace semanas una serie de concentraciones contra la ubicación de un piso de acogida para menores tutelados. La polémica se produce en paralelo a los sucesos de Ceuta, un contexto que parece haber contribuido a alimentar una percepción equivocada sobre la naturaleza de estos menores y del recurso previsto. No estamos hablando de menores que acaban de entrar irregularmente en España, ni de jóvenes que hayan llegado recientemente a Ceuta. Tampoco se trata de un centro de internamiento, correccional o de alta seguridad destinado a menores que hayan cometido delitos. Son menores que ya están bajo la tutela de la Administración asturiana y que van a vivir en un recurso cuyo objetivo es, precisamente, favorecer su integración y prepararles para desarrollar una vida autónoma en comunidad.

Sin embargo, la polémica, junto a la desinformación, ha ido creciendo y ha sido aprovechada por la ultraderecha. Es evidente que cuando existe preocupación entre los vecinos, las instituciones tienen la obligación de informar. El Ayuntamiento de Oviedo ha reclamado calma, pero no parece suficiente con posicionarse de forma pasiva. La Florida es un barrio joven de gente trabajadora, que vota mayoritariamente al PP, y donde la pasividad quiere ser aprovechada por Vox para pescar votos. Hace falta acudir al barrio, hablar con los vecinos, explicar qué tipo de centro se va a instalar y responder a sus dudas antes de que la desinformación y la manipulación sean fomentadas para generar racismo. Enfrente está el papel de la asociación vecinal, pidiendo calma, información y con una postura antirracista clara, aunque sus posibilidades de movilización y comunicación son limitadas frente a las que tienen las instituciones o las organizaciones políticas.

También hay que hablar del papel de los medios de comunicación. Titulares como «Asturias dice no» pueden terminar convirtiendo una concentración concreta en una supuesta expresión del conjunto de la sociedad asturiana, lo cual no es cierto. No es lo mismo decir que varios cientos de personas se han concentrado contra el recurso que presentar esa protesta como si Asturias estuviera rechazando la llegada de estos menores. Lo mismo ocurre cuando se presenta a La Florida como un barrio movilizado en su conjunto. Las propias informaciones suelen situar la participación en torno a 500 personas, en una ciudad de más de 200.000 habitantes, y una parte de los asistentes ni siquiera reside en Oviedo. La precisión periodística es especialmente importante cuando una noticia puede contribuir a amplificar un conflicto social, y debe primar sobre el interés sensacionalista de conseguir más likes o lectores.

Las movilizaciones en Oviedo todavía no han adquirido una dimensión estatal. Este lunes, representantes de los vecinos del edificio donde se ubicará el piso tutelado se reunirán con el Gobierno asturiano, pero la siguiente concentración ya está en marcha. La Florida, en Oviedo, no es Torre Pacheco, en Murcia, pero algunos parecen estar trabajando para que termine pareciéndose a lo ocurrido allí. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden convertirse en una puerta de entrada para un debate completamente distorsionado, en el que las preocupaciones sobre seguridad, convivencia o delincuencia terminan mezclados con el rechazo a personas por su origen. Y ahí es donde las instituciones tienen una responsabilidad fundamental.

No se trata de ocultar la noticia ni de negar las preocupaciones de los vecinos. Se trata de explicar. De aportar datos. De diferenciar. De evitar que un recurso destinado a la integración sea presentado como una amenaza para el barrio, cuando lo que hace realmente es mejorarlo. Porque, precisamente, el objetivo de estos pisos es evitar aquello que muchos vecinos dicen temer: la delincuencia, la violencia o los problemas de convivencia. Estos menores no están destinados a vivir encerrados y aislados de la sociedad para después exigirles que se integren en ella. Son vecinos de Oviedo, estudiantes, deportistas… son menores tutelados, no irregulares ni delincuentes de nada. Son parte de la sociedad y de la convivencia. Eso también implica asumir que, como en cualquier comunidad de vecinos, pueden surgir problemas. La diferencia está en cómo se gestionan. Existen profesionales, entidades responsables y una Administración que debe velar por ello.

El tutor de estos menores es el Principado de Asturias, que tiene la responsabilidad de garantizar su protección y bienestar. También corresponde a las instituciones explicar qué entidades gestionan el recurso, cómo se va a realizar el acompañamiento y qué mecanismos existen para prevenir y resolver posibles conflictos. Pero hay otra cuestión que debería preocuparnos especialmente: la protección de los propios menores. ¿Cómo van a sentirse al llegar a un lugar donde durante semanas se han celebrado concentraciones contra ellos? ¿Cómo entrarán en un portal en el que aparecen carteles rechazándolos? ¿Dónde está la Fiscalía de Menores, el Ayuntamiento, la Consejería y el Ministerio? Como bien dice el presidente de la asociación de vecinos de La Florida, Jesús Ángel Alonso: «Es muy difícil contrarrestar esta ola tan absurda que nos invade; ya no acierto a entender cómo está evolucionando esta sociedad. Esto ya no es tropezar dos veces en la misma piedra: es tropezar en ella y darle patadas hasta rompernos los dedos del pie…».

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