BORRERUAK BADITU MILAKA AURPEGI / KONTRAINFO ANTIFA (Euskal Herria)

Pablo Oliveros, miembro de Txarraska Gaztetxea de Basauri (Bizkaia) y de la Fundación de los Comunes / Viento Sur

En su discurso de Nochevieja de 2025, Imanol Pradales, actual lehendakari de Euskadi por el PNV, introdujo los siempre presentes asuntos de la política vasca en su posición arbitral para la conformación de las mayorías políticas que permiten la gobernanza estatal. Así, introdujo, una tras otra, la posición industrial como hecho diferencial vasco, el autogobierno y el trasvase de nuevas competencias desde Madrid a Gasteiz. Sin embargo, el matiz que destacaría dentro de tan solemne como aburrido mensaje institucional fue la alusión directa a los “líderes de las comunidades que habéis venido a Euskadi (…) implicando con determinación el compromiso colectivo de un espacio, de derechos y obligaciones”. De este modo, el ahora Lehendakari lanzaba un claro dog whistle [mensaje subliminal] a las 340 897 personas de origen extranjero que residen en Euskadi en la actualidad ¹. La presencia en Euskadi de este grupo sería siempre aceptada dentro del marco de una “inmigración ordenada”, es decir, una inmigración que se adaptara a las necesidades del ciclo económico y social vasco. 

Migraciones, mercado de trabajo y capitalismo
En la historia del capitalismo, las migraciones y el régimen de la frontera interna/externa no suponen un fenómeno ajeno al funcionamiento del sistema, como un accidente que el sistema se limita a absorber o gestionar. En el desarrollo mismo de cada ciclo de acumulación, la producción de población excedente, necesaria o movilizable en los mercados de trabajo, ha sido una de las condiciones de funcionamiento del desarrollo histórico del capitalismo. 

Por resumirlo con extrema brevedad, en el largo proceso que tiene lugar en el Estado español desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad podemos trazar una continuidad en el uso de las migraciones para generar una mano de obra que, cumpliendo la función de ejército de reserva, ha sido utilizada para dar forma a un proletariado móvil y sobreexplotable, “un estrato inferior dentro del mercado de trabajo” ².

Durante dos ocasiones el capitalismo histórico se construirá en el caso vasco sobre los brazos de la inmigración. A finales del siglo XIX, el advenimiento de la burguesía vasca al calor de la extracción minera alimentará la industria inglesa y permitirá el desarrollo de la siderurgia vasca. Entre 1860 y 1900, Bilbao pasará de tener 17 969 habitantes a convertirse en una ciudad de 81 956, lo que supondrá que la población se multiplicará por cuatro en ese periodo. Ni que decir tiene, que el espectacular crecimiento se sostendrá sobre la primera fase de las migraciones rurales y que ya desde muy pronto la conformación de ese proletariado vasco original será leída desde la sospecha identitaria de las élites locales.

El desarrollismo franquista vaciará el campo y enviará a los traidores del arado a las grandes concentraciones urbanas e industriales, donde el nuevo proletariado rural pasará a constituir capas particulares –las y los charnegos en Catalunya o las y los maketos en Euskadi– de los paisajes urbanos de la época. Desde las concentraciones de chabolas y asentamientos autoconstruidos en las periferias de las ciudades, este nuevo estrato aumentará la fuerza de trabajo disponible para llevar a cabo el milagro español de los tecnócratas del Opus Dei tras los Planes de Estabilización de 1959, haciendo posible la particular vía autoritaria al fordismo hispana. Del mismo modo, las élites franquistas permitirán la migración de casi tres millones de personas al extranjero entre 1959 y 1975. Un millón de esas personas irán a trabajar a los países de Europa Occidental, facilitando al régimen dictatorial importantes remesas necesarias para sostener la balanza de pagos ³. Sin embargo, este fenómeno de uso intensivo de la migración como motor del desarrollo económico no puede reducirse al Estado español, sino que atraviesa al conjunto de las grandes economías fordistas de Europa, como Alemania y Francia, que utilizarán este recurso una vez queden agotadas sus migraciones internas y el excedente colonial, respectivamente. 

Precisamente, el segundo gran proceso migratorio, el que vincula al Estado español a la escala global del capitalismo, una vez realizado el proceso de reestructuración productiva –desindustrialización y especialización en la economía financiera del ladrillo mediante– y la integración en la CEE en 1986, implica la activación de toda una serie de flujos de personas que llevan a que, por primera vez en 1996, las llegadas sean mayoritariamente protagonizadas por un nuevo proletariado migrante. De hecho, entre 1991 y 2011, la población extranjera en el Estado pasará de estar conformada por 360 000 personas a llegar a los 5,6 millones, llegando a suponer un 12,20 % de la población total, de acuerdo al INE ⁴.

Esta población, pasará el régimen de la frontera convertida en una fuerza de trabajo barata y ocupará los sectores del mercado de trabajo con menor retribución salarial y mayores condiciones de sobreexplotación, como la agricultura intensiva, el trabajo doméstico, la construcción y todo el sector servicios que se irán constituyendo en torno a la patrimonialización financiera de las clases medias autóctonas. 

Además, este nuevo proletariado aparece en todo momento vigilado por un complejo entramado institucional que da forma al dispositivo de las políticas migratorias –hablamos de fronteras físicas, administrativas y legales– que terminan por generar una sociedad dual, dividida en el acceso de pleno derecho a la ciudadanía y la posición dentro de los empleos del ciclo económico. De esta manera, el proletariado migrante es construido como un segmento racializado, cuyo estatus de vinculación con la nación queda atravesado por su condición de trabajador, que pasa desde una fase vinculada a la economía informal o sumergida, para después del periodo de regularización quedar vinculado a las economías secundarias, aquellas altamente vulnerables a las turbulencias del ciclo económico. 

Como hemos podido observar, la cuestión de la población migrante debe necesariamente comprenderse dentro de la necesidad que tiene el capital de una fuerza de trabajo móvil, capaz de ser movilizada/expulsada de acuerdo a la coyuntura del ciclo económico. En palabras de Bouamama, podemos hablar de este estrato inferior del trabajo en términos de “el primer despedido, el primer contratado” ⁵, lo que se corresponde con la realidad de la sobrerrepresentación de dicha población en determinados sectores. 

Por ejemplo, si situamos a la población marroquí en el número de afiliados a la Seguridad Social, veremos que este grupo está compuesto por 390 900 personas, suponiendo la principal fuerza laboral extranjera en el Estado español. Al mismo tiempo, si atendemos a la distribución de esta población dentro de los sectores del mercado de trabajo, muy rápidamente veremos que esta población aparece sobrerrepresentada en las partes de la producción peor pagadas y donde mayor incidencia tiene la economía sumergida ⁶. De hecho, de acuerdo al último informe del gabinete de estudios del sindicato ELA sobre la situación de crecimiento económico y estancamiento salarial de Hego Euskal Herria podríamos observar que, de acuerdo a los datos, las personas extranjeras de origen africano tienen retribuciones salariales brutas de 16 011 € anuales, lo que supone una diferencia de 15 842 € respecto a la población autóctona (quien percibe unos ingresos de 31 842 €), además de que la población migrante está sobrerrepresentada en los dos extremos de la distribución de la jornada laboral: tanto en los empleos de horas cortas y fragmentadas como en aquellos que superan con creces la media anual de horas trabajadas ⁷.

En este sentido, podemos señalar que el crecimiento económico diferencial que ha existido desde el 2019 hasta la actualidad en el Estado no puede entenderse, una vez más, sin la incorporación masiva de nueva fuerza de trabajo laboral. Entre el primer trimestre de 2019 y el primero de 2026, la economía española ha pasado de 19,47 a 22,29 millones de personas ocupadas, un incremento de cerca de 2,8 millones de empleos en siete años ⁸, que de facto ha hecho aumentar la masa de beneficios capitalistas. Sin embargo, una vez más, observamos que este aumento ha tenido lugar sobre los segmentos de menor valor añadido, como la hostelería, los transportes y otros sectores ya mencionados. De este modo, podemos señalar que en la construcción del nuevo escenario de desarrollo económico la población migrante ha cumplido el papel fundamental de vehicular el crecimiento de un modelo que sigue siendo el mismo de siempre: flexibilización y precarización, que se traducen en bajos salarios como hecho competencial distintivo frente a otros elementos como la productividad del trabajo, donde el Estado sigue siendo, de acuerdo con el Eurostat, uno de los países que peor comportamiento ha tenido de toda la eurozona. 

Dentro y fuera
No obstante, conviene señalar que el uso del proletariado migrante como fuerza de trabajo precarizada en un mercado laboral flexibilizado no puede entenderse sin comprender el papel del Estado y la ciudad neoliberales en la producción activa de esta realidad. Como señala Wacquant ⁹, la desindustrialización, la aparición del desempleo estructural y la difusión de nuevas figuras laborales vinculadas al trabajo precario han ejercido una influencia directa en la polarización de la estructura social y espacial de la ciudad neoliberal. Sobre ese terreno, la división étnica no opera como un añadido a las fracturas de clase, sino como un elemento constitutivo del capital que la produce.

La gestión neoliberal de la ciudad produce así un régimen de pobreza que es indisociable de las décadas de retirada del Estado social y de una integración fragmentada, y siempre en la cuerda floja, a través del trabajo. La exclusión deja de ser un signo de un fuera del mercado laboral, para pasar a ser un elemento constitutivo de su funcionamiento, que además sigue una división étnica precisa. Si atendemos a los datos, podemos señalar que las tasas de exclusión social están directamente vinculadas con el origen migratorio y que estas situaciones se concentran principalmente en hogares encabezados por alguien de origen extranjero: un 64,2 % en Euskadi y un 64,5 % en Nafarroa, porcentajes por supuesto muy superiores a los que existen en los hogares autóctonos ¹⁰. 

A su vez, la retirada de este Estado social no presenta un repliegue uniforme de su campo de acción, sino que es parte activa de la construcción de unas políticas públicas que podríamos calificar como duales. El escenario en el que nos encontramos es el de un marco garantista para una parte de la población nativa, como se puede observar en la flexibilización de las ayudas juveniles para el acceso a la vivienda como Gaztelagun y Emantzipa, destinadas a reproducir la posición de las franjas etarias juveniles de las clases medias, mientras se han endurecido simultáneamente los criterios de arraigo y padrón para acceder a estas ayudas. La actuación de los Ayuntamientos de Euskal Herria denegando o dificultando el acceso al padrón social –contra las propias recomendaciones del EUDEL y la FMNC– que reconoce el acceso a prestaciones públicas como la tarjeta sanitaria, la escolarización, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o el inicio del proceso de regularización extraordinaria reconocido durante el mes de abril, funciona al fin y al cabo como la continuación del régimen de la frontera –interna, sí, pero frontera al fin y al cabo– y el reverso sobre el que se construye la facilitación a las ayudas sociales para las franjas etarias juveniles de las clases medias nativas.

Sin embargo, esta realidad no se reduce al padrón y se extiende al conjunto de la administración pública que se encarga de la gestión de la pobreza en todos sus niveles, desde los servicios de albergues y consignas para personas sin hogar hasta el giro hacia un modelo de workfare de Lanbide, pasando por las entidades del tercer sector subcontratado que cumplen funciones estructurales en el sostenimiento del modelo. La proliferación de expedientes sancionadores, la suspensión de ayudas por incumplimientos formales, la retirada del padrón social tras comprobaciones policiales y la reducción de los plazos administrativos componen la cara administrativa del giro securitario y penalista en el gobierno de la ciudad neoliberal en lo que respecta a las situaciones de marginalidad urbana, las cuales no pueden entenderse si no se tiene en cuenta la dimensión racial de la producción de la clase obrera. Y es que en el capitalismo actual no nos encontramos en un marco similar al del ciclo expansivo de las décadas de 1950-1970. Ni siquiera estamos en un momento parecido al de la especialización financiera-inmobiliaria de la burbuja del ladrillo. El escenario actual –que no es otro que el del fin del consenso neoliberal– es un paisaje donde en términos capitalistas existen escasas expectativas de crecimiento. En este sentido, el sistema necesita una mano de obra precaria, segmentada y, en determinada medida, expulsable o construida como pura población excedente, es decir, no absorbible para la producción, al menos parcialmente.

¿Le resuena a alguno ahora eso de la “integración con derechos y obligaciones”?
Debemos tener en cuenta que los medios de comunicación generan una separación entre buenos y malos migrantes que opera en términos culturalistas y securitarios. Basta con recordar la alarma social y los pánicos securitarios que operaron a comienzos del siglo XXI en torno a la fijación de las bandas latinas como peligro público. 

Noel Ignatiev, en su trabajo How the Irish Became White, muestra cómo las y los irlandeses se incorporan a la nación estadounidense a partir de cumplir un papel represor sobre la población negra. En una idea próxima, Bouamama ¹¹ señala que cada nueva incorporación migrante para la segmentación del mercado laboral tiende a hacerlo en peores condiciones que la anterior, al mismo tiempo que este grupo recién llegado es señalado como inintegrable, demasiado alejado de los valores de la sociedad de acogida. La operación termina por completarse con un tercer movimiento, donde cada nuevo grupo desplaza al anterior al fondo del estigma social y el que ahora ocupa la penúltima posición pasa a ser anunciado como ejemplo de buena integración.  En estos momentos, ese último lugar ha sido desplazado a la figura del joven magrebí, convertido en el nuevo enemigo público número uno.

Euskal Herria en la encrucijada
Sin duda, el caso más extremo de esta deriva securitaria y penal del gobierno del excedente neoliberal lo encontramos en la oleada de desalojos sobre espacios habitados por personas sin hogar –principalmente jóvenes magrebíes– que se ha desplegado en Euskal Herria desde 2024. 

Zorrozaurre en Bilbao, Martutene y Zardoya-Otis en Donosti, Aranzadi y Jaso en Iruña y una larga lista que se le podría sumar en municipios de tamaño medio. Como han señalado desde el colectivo Negu Gorriak, pese a la diferencia territorial y las distintas aritméticas electorales que sostienen el gobierno de cada ayuntamiento, se ha podido observar un patrón que opera de manera mimética: señalamiento público comunicativo, que vincula asentamiento con inseguridad, intervención policial y de los servicios sociales con intensidad in crescendo y, por último, el desalojo en nombre de la propia seguridad de aquellos que viven en esos edificios, siempre acompañado de promesas de atención y acompañamiento personalizado en la oficina abierta de turno ¹². 

Además, detrás de cada uno de estos desalojos hay, casi sin excepción, operaciones urbanísticas pendientes. La gestión securitaria de la pobreza, constituye de este modo una de las dimensiones sobre las que se está construyendo una parte de las capturas de las rentas del suelo, articulando en una misma operación urbana el papel que cumplen los ayuntamientos y diputaciones vascas en las condiciones de productores activos para la atracción de inversión, en un marco de declive del modelo industrial posfordista vasco-navarro sobre el que se han construido 30 años de relativa paz y cohesión social. 

Y quizás aquí esté un matiz fundamental de la ecuación. La media de población migrante de Euskadi (15,1 %) se sitúa por debajo de la estatal (20,2 %) y el área metropolitana de Bilbao, donde reside prácticamente la mitad de toda la población de la comunidad autónoma, es inferior a la de otras grandes aglomeraciones urbanas como Madrid y Barcelona. La existencia de ese modelo industrial vinculado a las cadenas de valor de la todopoderosa industria automotriz alemana había permitido un modelo basado en altos salarios y relativa estabilidad que no tenía tanta necesidad de una mano de obra dirigida a la hostelería, el turismo y el crecimiento de la agricultura de invernadero. Precisamente, si atendemos a la imagen de la población migrante en la década de los 2000, veremos que Araba concentra la mayor parte de esta nueva mano de obra racializada en sectores como la agricultura alavesa y la construcción. Y es que, precisamente, Gasteiz, en medio del ciclo inmobiliario, es la ciudad vasca que experimenta un mayor crecimiento, con la construcción de las nuevas ampliaciones y barrios de Zabalgana y Salburua.

Sin embargo, la industria que había sido el caballo de batalla y el orgullo diferencial vasco se muestra renqueante, con la pérdida de 1200 empleos de forma directa y en otras empresas auxiliares en el sector del automóvil en los últimos años, afectadas por la presión de la competencia china. La cuestión de cómo se van a jugar en Euskal Herria los nuevos escenarios de integración/expulsión está en juego en estos momentos, ya que hay una pregunta sobrevolando que no es retórica. En un escenario de declive industrial ¿qué papel se le va a asignar a la fuerza de trabajo migrante en un modelo que necesita una explotación intensiva de la fuerza de trabajo? ¿La homologación con el modelo hispano o será otra?

Para gran parte del campo político institucional vasco la respuesta temporal a esta pregunta parece oscilar en un marco de rango estrecho. La excepción quizás sea la extrema derecha representada por Vox, que ha optado por la apuesta policial y securitaria, como se ha podido ver por su vinculación con cuentas en redes sociales dirigidas a la estigmatización higienista del barrio bilbaíno de San Francisco. Sin embargo, desde una posición periférica y residual es fácil sostener dicha postura, en línea con las guerras culturales que saben que alimentan su campo social. Está por ver si tienen otro modelo económico que ofrecer; el aviso para navegantes es que probablemente no. 

El resto de partidos políticos, con menor o mayor grado de paternalismo parecen expresar un consenso claro. Habrá quien quiera apoyarse en el tercer sector y la vía de la integración y los acompañamientos. Y los habrá, como el alcalde de Donostia, señalando su firme compromiso con la tolerancia cero, que “luego tal vez vienen otras opciones políticas a ofrecer respuestas que nos gustan bastante menos”. El razonamiento sin embargo confunde los términos. Desarrollar una política securitaria para evitar que la extrema derecha gane campo social no detiene ese campo social, simplemente normaliza su gramática. Lo mismo ocurre con la decisión reciente del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco –dirigido por el consejero Bingen Zupiria– de desvelar el origen nacional de las personas detenidas por la Ertzaintza, una medida que normaliza la asociación entre criminalidad y origen migratorio. El PNV sabe que el populismo vende y así parece respaldarlo el aumento de la preocupación por la inseguridad y la delincuencia detectados por el Gabinete de prospecciones sociológicas del Gobierno Vasco. Lo tratarán de usar de forma ambivalente, de ahí el discurso oficial del Lehendakari.

La inmigración es bienvenida si se ordena, si se acompasa al ritmo del ciclo económico, si acepta la posición subordinada y agradecida que se le asigna. En educación y los modelos lingüísticos, en la vivienda y el alquiler, en el acceso diferencial para percibir ayudas sociales o registrarse en el padrón. Se acuerdan de aquello de “¿quién nos serviría los cafés en las terrazas?”.  Esta y no otra es la traducción vasca del lenguaje del extremo centro que recorre Europa. Porque ningún gobierno, tenga el color que tenga, va a operar para cambiar el régimen de la frontera, ya que este es el gran elemento ordenador de la fuerza de trabajo de la economía global. Para eso es necesaria la política revolucionaria.

En este sentido, son varias las expresiones de organización que se están dando por Euskal Herria. Todavía son minoritarias y adolecen de una composición de clase que permita construir un encuentro sostenido para pensar el conflicto. Cuando lo hacen, es más bien en el campo de la atención a las necesidades de una parte del proletariado migrante, en los acompañamientos con la administración, organizándose contra los desahucios. 

Y esto ocurre por dos razones, primero porque el sindicalismo clásico es una herramienta de organización de la esfera laboral y este segmento de la población tiene un pie dentro y otro fuera de esta realidad continuamente; y segundo, porque hay una parte de ese grupo, la de los jóvenes marroquíes cuyo futuro inmediato pasa por la represión policial, la consolidación del estigma y la indiferencia generalizada hacia su situación por parte de los sectores socialmente integrados.

Quizás la idea de las comunidades en lucha propuesta por la PAH de Vallekas resulte más interesante. La política se construye a partir de conflictos concretos, llegando a sectores que en estos momentos no se encuentran organizados. Y para esto hacen falta organización y espacios estables, que son la condición para que las luchas puedan articularse y no queden delimitadas a los llamamientos a la movilización. Desde ahí se puede construir una política de clase. 

Pablo Oliveros es miembro de Txarraska Gaztetxea y la Fundación de los Comunes

• 1Ikuspegi (2026) Poblacion de origen extranjero en la CAE, Ikuspegi, Leioa. ↩︎
• 2Bouamama, Saïd (2025) De las clases peligrosas al enemigo interior, Traficantes de Sueños, Madrid. ↩︎
• 3 Romero, Eduardo (2010) Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, Cambalache, Oviedo. p. 79; Gonzalez, Aitor et. al. (2025) Industrialización e inmigración, Araba, siglos XX y XXI, Diputación foral de Álava, Departamento de cultura y deporte ↩︎
• 4González, Alberto et al. (2025) op. cit. pp. 214-217. ↩︎
• 5Bouamama, Saïd (2025), op. cit. 70 ↩︎
• 6Ministerio de Seguridad Social (2026) Afiliados por nacionalidad extranjeros a 31 de Marzo de 2026, Madrid ↩︎
• 7Gabinete de estudios (2026) “Crecimiento económico y estancamiento salarial en Hego Euskal Herria”, Estudios, 57, Manu Robles-Arangiz, Bilbao ↩︎
• 8INE (2026) Encuesta de población activa, INE, Madrid. ↩︎
• 9Wacquant, Loic (2013) Las cárceles de la miseria, Irrecuperables, Madrid. ↩︎
• 10Gabinete de estudios (2025), “A un paso de la pobreza”, Estudios, 56, Manu Robles-Arangiz, Bilbao ↩︎
• 11Bouamama (2025) op. cit. p.24 ↩︎
• 12Schiaffino, Alba y Cuenca, Armando (2026) «De Aranzadi a Martutene: una ola de desalojos sacude Euskal Herria», El Salto, 5 de abril. ↩︎