Pepe Mejía / Poder Popular (poderpopular.info)
En Perú, el 5 de abril de 1992, los medios de comunicación interrumpieron sus emisiones para dar paso a un mensaje -previamente grabado- del presidente Alberto Fujimori. Simultáneamente, tanques y blindados militares rodearon los principales edificios públicos. El Ejército, rodeó con armamento pesado el penal de Canto Grande en donde se encontraban más de 600 prisionerxs. Tropas con armas de guerra se desplegaron por las calles de la capital, Lima, con actitud de prepotencia, abuso y dispuestos a utilizar la fuerza.
Después del anuncio de disolución del Parlamento, y la suspensión de garantías constitucionales, los militares salieron a las calles e iniciaron una amplia operación de secuestros. Muchos dirigentes sindicales y populares fueron conducidos a cuarteles militares y a las dependencias del Servicio de Inteligencia del Ejército. La Marina se encargó de realizar las operaciones más sucias. Los locales de los partidos y sindicatos fueron rodeados con tanques y posteriormente asaltados.
El local de la Confederación Campesina de Perú (CCP) fue allanado por las Fuerzas Armadas (FFAA) y sus dirigentes, con orden de búsqueda y captura, pasaron a la clandestinidad. La universidad Federico Villarreal fue asaltada. El local del sindicato unificado de trabajadores de la enseñanza del Perú (SUTEP) –que aglutinaba a más de 270 mil maestros- fue intervenido por tropas militares.
Muchxs responsables de las principales instituciones de Estado sufrieron arresto domiciliario. Entre estos, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputadxs.
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El coronel Alberto Pinto Cárdenas, jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), y el general Juan Rivero Lazo, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, tuvieron a su cargo la planificación y ejecución de los operativos contra las personalidades y entidades del Estado.
El Director de la revista Caretas, Enrique Zileri Gibson, también sufrió el abuso de los esbirros del régimen.
Además de los arrestos, también hubo secuestros. El vicepresidente de la Cámara de Diputadxs, César Barrera Bazán, el decano del Colegio de Abogades del Perú, el periodista y corresponsal del diario El País, Gustavo Gorriti, el general del Ejército, Jaime Salinas, el empresario, Samuel Dyer, un ex Director de la Seguridad del Estado y un líder sindical, Olmedo Auris Melgar, entre otros.
El general César Ramal Pesantes, jefe de Operaciones del Comando Conjunto, tuvo a su cargo el listado de las personas a quienes se iba a detener.
REPRESIÓN CONTRA LA OPOSICIÓN
La dictadura que instauró Fujimori, Montesinos y el general Hermoza; asesinó al secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Pedro Huilca. Dos dirigentes sindicales fueron asesinados a tiros por grupos paramilitares y FFAA: Jerónimo Bustamante, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Paramonga, y Dacio García, del sindicato de maestros (SUTEP), en la ciudad de Ayacucho.
Los servicios de inteligencia de las tres armas, más el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), desplegaron toda una campaña de psicosis basadas en el miedo, el terror y las amenazas. La mayoría de dirigentes, cuadros y militantes de oposición pasaron a la clandestinidad. Otrxs decidieron salir del país. Mientras, Sendero Luminoso celebraba la nueva situación porque el escenario de dictadura favorecía su táctica militarista.
El martes 7 de abril, en un paseo triunfal por las calles del centro de Lima, Fujimori dijo a los periodistas: “se van a cortar cabezas en todos los niveles para lograr la normalización del país”.
La dictadura utilizó a militares comprometidos con la violación de los derechos humanos para ejecutar el golpe cívico-militar. El responsable de la matanza de más de 39 campesinxs en Cayara, el general Valdivia, comandante de la segunda Región Militar, fue quien rodeó con tanques el Parlamento de Perú.
MADRID RESPONDE AL GOLPE DE FUJIMORI
El 13 de enero de 1992 la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Perú en España (CODDEH-PERÚ) –constituida por peruanxs y españolxs- advirtió de la posibilidad de golpe y el inicio de una guerra civil. Responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores de España nos recibieron y dimos toda la información que teníamos sobre la posibilidad de golpe en Perú.
En un comunicado –que la agencia EFE distribuyó- la CODDEH-PERÚ denunció la Ley de Promoción del Empleo que “liquida definitivamente la estabilidad laboral”. Otra de las leyes denunciadas por la CODDEH-PERÚ fue la de Movilización Social, que “obliga a las personas a proporcionar información y agrede el derecho de propiedad cuando permite la requisa de bienes por los militares”. También manifestó su rechazo a la Ley del Sistema de Inteligencia, ya que “obliga a empresas públicas y privadas a suministrar información al Servicio de Inteligencia Nacional (SINA)”.
Todas estas medidas fueron ratificadas e impulsadas por el golpe del 5 de abril.
En el número 42 del boletín CHASQUI –correspondiente a enero de 1992 y que editaba la CODDEH-PERÚ- se publicó un artículo bajo el titular “¡Peligro de golpe!”.
El senador Hugo Blanco nos escribió advirtiendo de los riesgos de golpe de Estado. El senador Javier Diez Canseco señaló al ministro de Economía, Carlos Boloña, como el abanderado de la instauración de un régimen cívico-militar cuyo objetivo final era cerrar el Parlamento.
Desde diciembre de 1991, la CODDEH-PERÚ implementó un plan de emergencia para hacer frente a las eventualidades que pudiera dar un golpe, “desde la ayuda a los y las refugiadas hasta aspectos legales, financieros y de información”.
La respuesta a un posible golpe de Estado la coordinamos con otros colectivos y personas de países de Europa. Esta tarea tuvo sus consecuencias. Después del golpe, Fujimori impulsó un plan de cacería a opositores que residían fuera de Perú.
Algunos de nosotros fuimos juzgados por tribunales militares “sin rostro” y, en sesiones que no duraban más de quince minutos, fuimos condenados a 25 años de cárcel.
EL PARTIDO POPULAR FIRMA UN LLAMAMIENTO A LA INSURGENCIA
El 6 de abril, un día después del golpe, la CODDEH-PERÚ condenó enérgicamente el golpe de Estado en Perú y pidió que “lxs ciudadanxs ejerzan su derecho, amparados por la Constitución, a la insurgencia”.
La Constitución del 12 de julio de 1979 en su artículo 82 dice: “Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen”. El artículo añade que “son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho a insurgir en defensa del orden constitucional”.
El Partido Popular (PP) de Valladolid firmó un documento en el que expresa “nuestro apoyo al derecho de los peruanos a la insurgencia, amparados en el artículo 82 de la Constitución peruana”.
El 8 de abril se entregó un documento a responsables de la embajada de Perú en Madrid. En el texto se condena el golpe y lo firman IU, Liberación/Izquierda Alternativa –el antecedente de ANTICAPITALISTAS-, UGT, CCOO, MPDL, IEPALA, CODDEH-PERÚ, Asamblea de Cooperación por la Paz y Asociación Pro Derechos Humanos de España.
MOVILIZACIONES CONTRA EL GOLPE DE FUJIMORI
El 13 de abril, 17 organizaciones sociales, políticas y culturales y de la cooperación se convocan a una concentración frente a la embajada de Perú en Madrid. Entre las organizaciones convocantes figuran IU Madrid, Liberación/Izquierda Alternativa (actualmente ANTICAPITALISTAS), Comités de solidaridad con el Salvador, Cuba, Club Amigos de la UNESCO, Partido Comunista de los Pueblos de España, Aedenat, Ágora Feminista, Entrepueblos, OSPAAL, Sodepaz, Sur, PST, CGT. PUM, IU de Perú base Madrid, el comité aprista de Madrid, la representación de la CGTP en Madrid y Mujeres peruanas Illary.
Durante el transcurso de la concentración –a la que asistieron más de dos centenares de personas- se quemó un muñeco con el rostro de Fujimori.
La respuesta social contra el golpe fue bastante amplia en todo el Estado español. Muchas voces, fuera del circuito “izquierdista”, expresaron su rechazo. La movilización reforzó el tejido asociativo y logró que la solidaridad sea la ternura de los pueblos.
LA AMBIGÜEDAD DEL PSOE Y FELIPE GONZÁLEZ
El presidente Felipe González, y el PSOE en general, mantuvieron una “ambigüedad calculada” a la hora de condenar el golpe. Lamentablemente no estuvieron a la altura de las circunstancias. La defensa de la democracia necesita firmeza y no ambigüedades.
En unas declaraciones que hice al diario El Norte de Castilla, publicadas el 10 de abril de 1992, critiqué duramente la actitud del presidente González. “Es hipócrita. No entiendo que diga que hay que defender la democracia en América Latina y que ahora baje la cabeza guardando silencio”.
En otras declaraciones -publicadas por el diario El Mundo el 14 de abril de 1992- dije que las palabras de Felipe González “me sonaron a hipocresía. Hace 500 años nos regalaban espejos a cambio de oro, hoy el engaño sigue”.
LA OEA APOYÓ EL GOLPE
El Gobierno estadounidense de George Bush –a diferencia del gobierno del PSOE de Felipe González- suspendió los intercambios económicos y militares entre USA y Perú.
Meses antes de la puesta en ejecución del golpe, el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, hizo público una lista de altos mandos militares de Perú vinculados a los diferentes carteles de la droga a nivel internacional.
Por otro lado, los expresidentes de Argentina, Raúl Alfonsín, Brasil, José Sarney, el de Colombia, Belisario Betancour, el de Uruguay Julio María Sanguinetti, condenaron el golpe.
El golpe de Estado de Fujimori en Perú hizo que aumentará la pobreza extrema. Al no haber mecanismos de control, la corrupción se generalizó. Las principales empresas públicas fueron privatizadas al mejor postor, sin beneficios para el Estado. Los derechos de lxs trabajadorxs fueron vulnerados y la precariedad laboral aumentó. La dictadura favoreció la “barra libre” de las empresas extractivistas, que envenenaron nuestros ríos y condenaron a muerte a muchas poblaciones en el interior. El abuso de las autoridades, la persecución de lxs opositorxs, las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones de los derechos humanos tuvieron impunidad. Saquearon los recursos públicos en beneficio de un grupo mafioso que se protegía con las armas.
Fujimori, junto al general Nicolás Hermoza y el siniestro asesor, Vladimiro Montesinos, sumieron al Perú en una profunda crisis institucional y social.
Nunca más Fujimori. Nunca más el autoritarismo. Nunca más la corrupción.
BORRERUAK BADITU MILAKA AURPEGI / KONTRAINFO ANTIFA (Euskal Herria) 
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