BORRERUAK BADITU MILAKA AURPEGI / KONTRAINFO ANTIFA (Euskal Herria)

Resumen Latinoamericano

El presidente Javier Milei recibió esta mañana en la Casa Rosada a su par chileno José Antonio Kast y en la agenda estuvo nuevamente el pedido de extradición de Galvarino Apablaza, quien vive en Argentina desde hace 30 años como refugiado políticopor su rol durante la dictadura de Augusto Pinochet. Rodolfo Yanzón, abogado de Apablaza, presentó una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas solicitando su inmediata intervención para frenar el proceso de detención con fines a extradición dictado por Milei.

El estatus de refugiado político de Apablaza está pediente de resolución con una apelación ante la Corte Suprema. Sin embargo, el gobierno nacional solicitó al Poder Judicial la orden de allanamiento y detención en el marco de la causa, que fue habilitada por la jueza María Servini. Sin embargo, cuando la detención fue a concretarse, el ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez no se encontraba en su domicilio.

La cancillería chilena exigió “mayores esfuerzos” por parte del gobierno argentino y, en consecuencia, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, liberó una orden de recompensa por 20 millones de pesos para quien brinda información sobre Apablaza.

Yanzón señaló que los pasos dados por el gobierno de Milei dan cuenta del “apartamiento de sus obligaciones de no devolución previstas en el artículo 3 del Convención contra la Tortura, y los expresos términos del artículo 7 de la Ley de Refugiados” y señaló que el trámite de extradición debería volverse a abrir, debido a que le iniciado en 2004, concluyó cuando la Comisión Nacional de Refugiados le otorgó esa condición en 2010.

A pesar de ese reconocimiento, los abogados de Apablaza mantienen judicializada su condición debido a que durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, su condición de refugiado fue revocada y la Cámara Contencioso Administrativa votó en contra de sostenerla.

Frente a la avanzada de Milei para cumplir con un viejo pedido de la derecha chilena, Yanzón argumentó ante el comité de la ONU que considere que, si bien en la actualidad la cesación de la condición de refugiado se encuentra debatida judicialmente, la Casa Rosada podría acudir como argumento a un DNU firmado en 2024 en el que modificó la Ley de Refugiados para habilitar a que una interposición de recursos ante la Corte Suprema no suspenda los efectos de una extradición.

Yanzón sostiene que los pronunciamientos de los gobiernos de Chile y Argentina anticipan “cualquier condena judicial” y permite “inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.

Por lo tanto, el abogado solicitó al comité de la ONU que ordene de manera cautelar que el gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile “por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles” hasta tanto la Corte no resuelva el recurso de queja.

En ese sentido, la presentación recuerda las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que “el principio de no devolución del derecho internacional de los refugiados continúa actuando como una prohibición a la extradición hasta que se haya tomado una decisión final de cancelar o revocar la condición de refugiado”.

Apablaza Guerra fue uno de los jefes de la resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet que, en 2004 fue detenido en la Argentina, donde formó una familia y se estableció por décadas, a resguardo de la persecución política que lo afecta en Chile desde el mismo momento del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende.

Sin pruebas, en su país de origen lo acusan de asesinato y secuestro, lo que ha desatado una cacería en su contra desde hace 35 años y motivó que en 2005 el juez federal Claudio Bonadío rechazara un pedido de extradición en su contra y en 2010 fuera reconocido como refugiado político con la opinión favorable de ACNUR.

El gobierno de Mauricio Macri intentó cesar dicho reconocimiento sin mayores argumentos que la presentación de Apablaza ante el Consulado chileno para denunciar el proceso de secuestro, torturas y desaparición al que fue sometido entre 1974 y fines de 1975.

En su presentación ante el Comité Contra la Tortura, los abogados también recordaron que, en 2018, Ricardo Palma Salamanca -ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por los casos por los que se acusa a Apablaza Guerra y fugado de la penitenciaría chilena en 1996- fue reconocido como refugiado político en Francia en los términos de la Convención Internacional de Refugiados, “entre otros motivos porque fue torturado al momento de ser detenido en 1991 y su declaración extrajudicial extraída en tales circunstancias fue tomada como elemento de cargo contra otros militantes”.