Fernando Mikelarena, Clemente Bernad, Pablo Ibáñez, Orreaga Oskotz, Jesús Arbizu, Carolina Martínez, José Ramón Urtasun y Txema Aranaz; miembros del Ateneo Basilio Lacort / Plaza Nueva
En las últimas fechas hemos asistido a un nuevo episodio de blanqueamiento del carácter fascista del carlismo por parte de las instituciones navarras que persisten en una política de desmemorización. Este episodio es la continuación lógica de otros anteriores: la negativa de las mismas a consignar la participación de requetés en los asesinatos colectivos de 1936-1937 al no mencionar a los victimarios en los paneles de los lugares de la memoria; la gestión de dichas instituciones en relación con el Monumento a los Caídos, un edificio, insultante para las víctimas, consagrado a la mayor gloria del memorialismo requeté y del colectivo que lo desarrolló durante décadas, la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz; en el informe pericial de 58 páginas de la UPNA, en el que se basó la querella argentina del Ayuntamiento de Pamplona, la mención a los victimarios requetés y falangistas se limitaba a un escueto párrafo de cinco líneas que remitía a una obra de un autor que nada tiene que ver con aquella Universidad; alguna iniciativa editorial del Instituto de la Memoria en las que se obvia el evidente carácter de victimarios de algunos concejales tradicionalistas dada su pertenencia a la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, etc., etc.
La última iniciativa a la que nos referimos es la exposición «El Carlismo frente al Franquismo», una muestra promovida por la Asociación 16 de Abril, confeccionada por el periodista e historiador navarro Manuel Martorell, hijo de un militar golpista, posteriormente mando militar del ejército franquista. Además, Martorell se ha caracterizado por su empeño negacionista desde hace años en relación con los crímenes del carlismo basado en el silenciamiento de toda la documentación indiciaria existente acerca de los mismos y sobre sus responsables.
Numerosas publicaciones de los últimos años han dejado claro el carácter genocida del carlismo en una población como la navarra que fue, a nivel provincial, la que más intensamente sufrió en términos relativos la limpieza política desarrollada por los golpistas, entre los cuales la Junta Central Carlista de Guerra ocupó un lugar preeminente. El carlismo no solo fue el principal vector del golpe de Estado en Navarra y de la limpieza política subsiguiente en Navarra, sino también el máximo beneficiado en el reparto del poder provincial y municipal durante el franquismo.
Resulta falaz afirmar que las distintas familias políticas que apoyaron el golpe de Estado y la Dictadura (carlistas, falangistas, monárquicos, conservadores, católicos) constituían grupos enfrentados radicalmente entre sí y que tenían componentes antifranquistas. Como indica Nicolás Sesma, Franco aseguraba a todos esos sectores una porción suficiente de los beneficios políticos y materiales para no ver desafiada su posición. De forma que los mismos demostraron ser, a pesar de sus diferencias, perfectamente compatibles entre sí y profesar una lealtad genérica al conjunto del Movimiento. Constituían así toda una serie de perfectos franquistas capaces de garantizar que, en cada etapa de la dictadura, se trabajara en la dirección indicada por Franco en aras de los beneficios tanto del régimen en su conjunto como de cada familia política.
No hay que olvidar la vigencia durante todo el franquismo de «los lazos de sangre, complicidad y solidaridad que habían dado lugar a la comunidad del 18 de julio», de forma que para los sectores conservadores, entre ellos el carlismo, que se habían implicado al máximo en el golpe de Estado, «el Caudillo sería siempre el líder que los había llevado a la victoria frente a la amenaza republicana y revolucionaria».
De esta forma, fue el acendrado franquismo de todos los diputados forales y de la inmensa mayoría de los concejales de las poblaciones navarras relevantes, sin excepción, la clave de bóveda del entramado del funcionamiento de los poderes locales en Navarra durante el régimen franquista que actuaron como correa de transmisión del régimen. De hecho, la preponderancia carlista en Navarra se correspondió con el hecho de que nuestra provincia era, con mucha diferencia, la de mayor número de afiliados al partido único FET-JONS a finales de los años cuarenta.
Por otra parte, aunque algunos han pretendido remarcar el significado de las reticencias de algunas facciones de las distintas familias políticas respecto al régimen, en el fondo se trataba de presionar para recabar del mismo más poder que el obtenido. Asimismo, poner en plano de igualdad esas reticencias con la represión padecida por los grupos plenamente antifranquistas, herederos de los perseguidos tras julio de 1936, es una ignominia. En contraste con la brutalidad con la que era reprimido cualquier movimiento desde la izquierda o desde el nacionalismo periférico, las represalias contra los sectores juanistas y tradicionalistas, como indica Sesma, se guiaron por la contención, de forma que estos no se encontraron prácticamente nunca ante la tesitura de tener que posicionarse en el verdadero antifranquismo. Antes al contrario, la docilidad de sus actitudes tenía que ver con el miedo a perder privilegios y con el sentimiento de ofensa por sentir que se había perdido una parte del favor del Dictador.
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En el caso concreto del carlismo y de su rama más popular en Navarra y teóricamente opositora al régimen, la javierista, retendrá sin ningún problema medios como El Pensamiento Navarro y Radio Requeté, y sus candidatos podrán presentarse a las elecciones, saliendo incluso uno de sus líderes primordiales, José Ángel Zubiaur Alegre, concejal en el Ayuntamiento de Pamplona en 1948, diputado foral al año siguiente y procurador en las Cortes franquistas en 1967. También participará de forma muy activa en la estrategia de las diversas familias del régimen que llevará a la Diputación a Huarte y Urmeneta, que impulsarán el proceso de industrialización en la provincia. Mientras los carlistas aportaban los votos para que esos dos candidatos fueran elegidos, el Opus Dei suministró los contactos en los Ministerios y el Movimiento dio su necesario visto bueno.
Hasta que la familia Borbón Parma fue expulsada en diciembre de 1968, el carlismo javierista y carloshuguista siempre reivindicó su derecho a que Franco los designara sucesores, esgrimiendo una y otra vez que los auténticos defensores del Espíritu del 18 de Julio lo encarnaban ellos. Por lo tanto, es irracional afirmar que dicha rama del carlismo fuera opositora al Régimen cuando pretendía que se le permitiera reemplazar a Franco en el marco de la defensa de los principios del golpe de Estado de 30 años antes.
De cualquier forma, ningún carlista de esa rama del carlismo jamás ha hecho aportación alguna en relación con la localización de los ejecutados de 1936-1937, todavía desaparecidos, ni ha realizado ninguna reflexión sobre el papel del carlismo en la masacre de entonces, más bien al contrario se ha caracterizado por un ejercicio continuo de negacionismo.
Rememorando a Umberto Eco cuando hablaba del fascismo eterno y multiforme, ¿cuándo asumiremos los navarros que el carlismo fue una de las variedades del fascismo en nuestra tierra, que, además, fue la predominante por el número de sus seguidores y la que más víctimas provocó?
Mucho nos tememos que la estrategia de desmemorización de las instituciones navarras no finaliza aquí. Con los antecedentes expresados, hay razones para pensar que el siguiente paso será excluir al carlismo como objeto de análisis del Centro de Interpretación del Fascismo que se pretende construir en el Monumento a los Caídos, limitando los ítems a considerar aquellas variedades valoradas como más exógenas y menos comprometedoras. Una memoria cómoda e incapacitante, por lo tanto, en relación con el necesario ejercicio de introspección a realizar por la sociedad navarra, todavía pendiente noventa años después.




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