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El Periodico de Aragón

Uno de los investigados es ahora magistrado del Tribunal Supremo, por lo que de avanzar la investigación podría escalar hasta el alto tribunal dada su condición de aforado.

La jueza de instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona, Julia Tortosa, ha dictado una resolución por la que imputa formalmente a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil, además de a directivos de empresas tecnológicas israelíes por el espionaje con Pegasus y Candiru. La causa, por presuntos delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos a personas del entorno independentista, se investiga desde el pasado mes de septiembre, cuando se admitió la querella presentada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.

Según la resolución la jueza ha ordenado comunicar la imputación a los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón (2018–2020) y María Gámez (2020–2023); la exdirectora del CNI Paz Esteban; los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) y sus filiales en Luxemburgo (Q Cyber Technologies y OSY Technologies); y los directivos de Saito Tech Ltd (Candiru) Eran Shorer, Yakov Weizman y Eitan Achlow.

Un magistrado imputado

Azón es desde hace un año magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo por lo que, de avanzar esta investigación, el asunto podría escalar hasta el el alto tribunal dada su condición de aforado. Lo más probable, según las fuentes jurídicas consultadas, es que la jueza decida avanzar un poco en sus pesquisas y ver si hay suficientes indicios antes de plantearse remitir una exposición razonada ante el Alto Tribunal, que sería el único órgano que podría interrogar al ex alto cargo de la Guardia Civil por los hechos por los que ha sido denunciado.

En la querella, que antes se había presentado en la Audiencia Nacional y fue desestimada, también se incluye por primera vez además de Pegasus al software espía Candiru, del que el Gobierno no ha admitido su adquisición. De hecho, fue el descubrimiento de una infección activa en uno de los querellantes, Joan Matamala, el que permitió a Microsoft lanzar una actualización de seguridad crítica que protegió más de 1.300 millones de dispositivos en todo el mundo.

La providencia de imputación tiene fecha de 27 de enero, pero se ha notificado a la acusación con fecha del pasado 5 de febrero. En ella se justifican las imputaciones «en aras a garantizar» el derecho de defensa de los investigados. La providencia también ordena la traducción del escrito de querella, así como de la presente resolución, a las lenguas hebrea y francesa con carácter previo «para su remisión a los querellados residentes en Luxemburgo e Israel».

Querellantes

Los cinco querellantes —Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives— son empresarios y desarrolladores de «protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital anónima e identidad digital soberana», según detallan en un comunicado. En su querella, Sentinel Alliance sostiene que el espionaje fue dirigido contra ellos precisamente por su perfil profesional.

La querella relata cómo durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, un sistema operativo espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara. Tal y como informó en su día esta redacción, la querella documenta también que uno de los querellantes, Jordi Baylina, fue objeto de espionaje mientras se encontraba en territorio suizo. Citizen Lab documentó al menos 78 ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares o asesores.