INFO ANTIFA (Euskal Herria)

Ecuador Etxea

Una campaña de recogida de firmas online impulsada desde Gazarako Mugimendu Globala y respaldada por colectivos de distintos territorios del Estado español ha puesto en el centro del debate político la derogación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, una norma que sigue vigente pese a los compromisos electorales asumidos por las fuerzas que hoy sostienen al Ejecutivo.

La iniciativa surge tras meses de movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino, protestas en defensa de derechos humanos y acciones antifascistas que, según denuncian los convocantes, han sido reprimidas y sancionadas al amparo de esta ley. “Basta de represión por defender derechos humanos y sociales; basta de castigar la solidaridad y criminalizar la disidencia”, señala el llamamiento difundido por el movimiento.

Los impulsores recuerdan que PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG se comprometieron en sus programas electorales a derogar la Ley Mordaza. Ese compromiso, subrayan, sigue sin cumplirse, manteniendo en vigor una herramienta legal que permite amplios márgenes de arbitrariedad policial y limita el derecho a la protesta pacífica.

Desde octubre de 2023 hasta la actualidad, numerosas denuncias y sanciones se han tramitado bajo esta norma contra personas y colectivos movilizados contra el genocidio en Palestina, así como en protestas sociales y antifascistas. Ante esta situación, la campaña no solo exige la derogación inmediata de la ley, sino que plantea una medida inédita: que los partidos con representación parlamentaria asuman el coste económico de las sanciones impuestas, en función de los escaños obtenidos en las elecciones generales de 2023, o que se aplique una amnistía específica para estos casos.

Según el cálculo presentado por los movimientos firmantes, el reparto del coste sería proporcional a la fuerza parlamentaria: PSOE (72 %), Sumar (20 %), ERC (4,2 %), EH Bildu (3,6 %) y BNG (0,6 %). La recogida de adhesiones, abierta a colectivos, organizaciones y movimientos sociales, culminará con la elaboración de un escrito que será trasladado al Congreso de los Diputados para exigir una respuesta política concreta y urgente.

“La derogación de la Ley Mordaza es un compromiso pendiente y una cuestión de calidad democrática”, advierten los promotores, que llaman a sumarse, apoyar y difundir una iniciativa que busca poner fin a la criminalización de la protesta y garantizar un marco real de respeto a los derechos fundamentales.