Alberto Frias / GARA-NAIZ
El 18 de septiembre de 1936 Teodoro Olarte, presidente de la Diputación de Araba, fue fusilado junto a otros dos diputados alaveses. Detenido el mismo día de la sublevación militar, fue liberado poco después y vuelto a detener el 17 de septiembre junto a su hijo, tras ingresar en la cárcel y ser torturado, al día siguiente fue trasladado al río Baias en las proximidades de Miranda de Ebro y fusilado en la madrugada junto a tres gasteiztarras más.
El sábado 21 de septiembre de 2024, en un acto por los represaliados del franquismo, el actual diputado general de Araba, Ramiro González, afirmaba «hace 88 años, la corporación presidida por Teodoro Olarte fue masacrada por las fuerzas franquistas, con la mitad de sus miembros asesinados».
Un año después, el maldito, racista e imperialista 12 de octubre, los herederos, defensores y, por lo visto y oído, redivivos precursores del fascismo rampante y amenazante, toman la plaza de la Diputación Foral de Araba junto a las esculturas erigidas en homenaje a los asesinados por sus predecesores, para defecar sus soflamas sobre sus víctimas.
Más allá de la provocación fascista en sí, lo deplorable, espeluznante e insostenible, es la actuación de los responsables institucionales. Sumar a las fuerzas de la Falange, la falange autonómica armada de porras, pelotas y foam, contra las personas que defendían la dignidad y la memoria histórica, es además de inaceptable, asqueroso.
Los melifluos herederos de unas siglas que, de enfrentarse al fascismo han pasado a justificar la represión contra los antifascistas, traen a la memoria a los colaboracionistas franceses, a los peores tiempos del campo de Gurs. Eso sí, amparándose en un derecho de manifestación, que como la ley del embudo, es muy ancho para algunos y muy estrecho para quienes les ponen frente al espejo de sus vergüenzas.
Cuando los colaboracionistas por omisión, supuestos escrupulosos defensores de la ley, aplican contra su propio acuerdo parlamentario la ley mordaza, esta vez curiosamente han olvidado los artículos 17 y 23 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, o la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. La remisión a los tribunales como excusa para justificar su inoperancia por no recurrir la convocatoria o el impresentable calificativo de fascistas vascos para colocarse en una pretendida e inexistente equidistancia, no pasan de ser una indecente cortina de humo para tapar su incompetencia o lo que sería peor su indignidad.
Y 89 años después, la corporación presidida por Ramiro González, justifica la represión contra quienes fueron a defender la dignidad de una Diputación que no han querido o sabido defender sus responsables políticos. ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades?
INFO ANTIFA (Euskal Herria) 
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